En la última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric se comprometió a presentar un proyecto de ley que ampliaría el aborto legal en Chile.
Además, en su tercera Cuenta Pública ante la Nación, en el hito republicano de mayor relevancia cada año, Boric ha remarcado la necesidad de tener un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. En esa línea, adelantó que el Ejecutivo chileno, al que le quedan menos de dos años de mandato, ingresará durante el segundo semestre de este 2024 un proyecto de ley de aborto legal.
“Las mujeres de Chile merecen derecho a decidir”, ha apuntado Boric, que quiere avanzar respecto de la situación. Recordemos que Chile despenalizó el aborto en 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, y aprobó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación), aunque los movimientos feministas denuncian que aún persisten muchos obstáculos para su plena implementación.
En ese sentido, Boric indicó que el Gobierno ingresó un nuevo reglamento para “mejorar la aplicación” de la ley, con el que se busca
“garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley, que la objeción de conciencia no obstaculice estas tres causales y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera”.
Hasta 2017, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) poco antes de que el general dejara el poder.
Las cifras estimadas por las autoridades apuntan que anualmente se practican miles de abortos clandestinos en Chile al no estar contemplados en el marco legal vigente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es considerado como una de las principales causas de muerte y morbilidad materna.
La prohibición no reduce los abortos
La criminalización del aborto libre empuja a las mujeres a la clandestinidad y pone en riesgo la vida de las personas embarazadas y las expone al mercado negro y/o abortos inseguros.
Las últimas cifras disponibles del poder judicial indican que medio centenar de personas enfrentaron causas penales por aborto en 2023.
Todo esto impacta diferenciadamente a quienes padecen desigualdades estructurales como las mujeres indígenas, personas LGBTTTIQAPN+, migrantes y refugiadas, con menos ingresos o que habitan en entornos rurales.
La despenalización y regulación del aborto salva vidas y garantiza derechos.
El Gobierno ingresó a Contraloría un nuevo reglamento para la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo -ley de aborto en tres causales-, así como también se comprometió a ingresar un proyecto de Ley de Aborto Legal para la segunda mitad de este año.
“Como Presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrática en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y pese a que algunos diputados hombres se opongan, por ello es que en el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de Ley de Aborto Legal”, declaró Boric.
Así, el Mandatario destacó que el debate sobre este tema, será dado “con el compromiso que anima a nuestro Gobierno de avanzar y no retroceder”.
Desde los movimientos feministas, permaneceremos atentas y observantes de los pasos que se den para construir un país con derechos sexuales y reproductivos garantizados para todes y todas.
